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Yosselyn Rodríguez
Revisado Por:
Yosselyn Rodríguez
Sobre el Autor
Abogada de la Universidad Central del Ecuador, finalizando el título de magíster en derecho procesal. Forma parte del bufete de abogados Law Strategy y es asesora legislativa.
Redactado Por:
Diego Camacho
Sobre el Autor
Diego es un redactor y editor con más de 5 años de experiencia en el mercado latinoamericano. Su experticia se centra en el contenido educativo, ofreciendo un enfoque didáctico a la información y buscando que resuene de forma amigable con la audiencia. Actualmente se encuentra trabajando con Apuesta Legal Ecuador, donde realiza exhaustivas revisiones a casas de apuestas, verifica su información y provee consejos útiles a través de guías para los nuevos jugadores, orientando de forma responsable sobre la industria de las apuestas deportivas y casinos en América Latina.
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Entrevista a Yosselyn Rodríguez, Abogada Ecuatoriana, Sobre la Regulación de las Apuestas en Línea en Ecuador

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Entrevista de Regulación
Entrevista a Yosselyn Rodríguez, Abogada Ecuatoriana, Sobre la Regulación de las Apuestas en Línea en Ecuador

Actualmente, Ecuador no cuenta con una regulación específica que abarque de manera integral las apuestas en línea.

Desde la prohibición de los casinos y salas de juego en 2011 mediante referéndum, cualquier actividad relacionada con el juego quedó en un vacío legal.

Sin embargo, este vacío no impide que plataformas internacionales operen libremente, ya que no hay mecanismos efectivos para bloquearlas ni fiscalizarlas.

Esto ha generado un mercado sin protección para los usuarios ni beneficios económicos significativos para el Estado.

En Ecuador, aunque no existe una regulación completa para las apuestas en línea, sí se han dado pasos aislados.

Un ejemplo es la disposición incluida en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal de 2023, que establece un impuesto del 15% sobre las ganancias de las casas de apuestas que operan en el país. Adicionalmente, se pretende crear un nuevo tributo en el formato de licencia de juego para Ecuador.

Este impuesto busca captar ingresos fiscales de una actividad en crecimiento, pero no regula aspectos clave como la protección de los usuarios, la supervisión de plataformas internacionales o la publicidad dirigida.

Recientemente, ha habido discusiones en la Asamblea Nacional para abordar la falta de regulación integral. Entre las propuestas se incluyen:

  • La creación de un organismo regulador específico para supervisar las apuestas en línea.
  • La implementación de un sistema de licencias para operadores nacionales e internacionales.
  • Reglas claras que limiten el acceso de menores de edad y fomenten el juego responsable.

Sin embargo, estas propuestas enfrentan resistencias por la percepción negativa del juego y preocupaciones éticas sobre su impacto en la sociedad.

A pesar de ello, el crecimiento acelerado de las plataformas en línea subraya la necesidad urgente de un marco normativo adecuado que proteja a los usuarios y genere beneficios económicos para el país.

Entre los beneficios con los que contaríamos están:

  • Recaudación fiscal: Una regulación clara permitiría captar ingresos importantes a través de impuestos y licencias, que podrían destinarse a sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura.
  • Protección del usuario: Un marco regulatorio garantizaría que los jugadores tengan acceso a plataformas seguras, con reglas claras y transparencia en los pagos.
  • Reducción de actividades ilícitas: Regular el mercado ayudaría a combatir el lavado de activos y otras actividades ilegales relacionadas con el juego no regulado.

Por otro lado, los riesgos que también pueden presentarse son:

  • Ludopatía: Sin medidas adecuadas de prevención, podría haber un aumento en los casos de adicción al juego, especialmente en sectores vulnerables como los jóvenes.
  • Desafíos en la supervisión: Implementar y hacer cumplir las normas requeriría inversiones en tecnología y personal capacitado, especialmente para controlar plataformas extranjeras.

Ecuador está significativamente rezagado en comparación con países como Colombia o Argentina. Colombia, por ejemplo, implementó un marco regulatorio robusto a través de Coljuegos, que otorga licencias a operadores nacionales e internacionales bajo reglas estrictas. Este modelo ha generado ingresos fiscales importantes y ofrece una sólida supervisión del sector.

En Argentina, la regulación es descentralizada y está a cargo de cada provincia, lo que permite adaptaciones locales, aunque complica la implementación de normas uniformes. Ambos modelos destacan por priorizar la protección del consumidor, la transparencia y la generación de ingresos fiscales.

Ecuador podría aprender de estas experiencias para desarrollar un marco normativo que sea adecuado a su realidad social y económica.

  1. Crear un marco legal integral: Es fundamental establecer una ley específica para las apuestas en línea, que aborde temas como licencias, impuestos y protección al consumidor.
  2. Sistema de licencias: Permitir que operadores cumplan con requisitos técnicos y fiscales claros, fomentando una competencia justa y regulada.
  3. Prevención y educación: Implementar campañas de concienciación sobre los riesgos del juego y programas de autoexclusión para personas en riesgo.
  4. Supervisión tecnológica: Crear una entidad que supervise en tiempo real las actividades de las plataformas para garantizar transparencia y cumplimiento.
  5. Colaboración público-privada: Involucrar a todos los actores interesados en el diseño del marco legal para garantizar que sea sostenible y beneficioso para todos.

Para desarrollar una normativa inclusiva y bien fundamentada, es necesario consultar a:

  • Expertos legales y económicos: Para garantizar que el marco normativo sea sólido y viable.
  • Operadores de apuestas: Tanto nacionales como internacionales, ya que conocen los detalles técnicos y operativos del sector.
  • Organizaciones de salud mental y prevención de adicciones: Para incorporar medidas efectivas de prevención y tratamiento de ludopatía.
  • Consumidores: Mediante encuestas o grupos focales, para entender sus necesidades y preocupaciones.
  • Entidades fiscales: Para asegurar que la normativa maximice los beneficios económicos para el Estado.
  • Sociedad civil y académicos: Para incluir perspectivas éticas y socioculturales sobre el impacto del juego en la comunidad.

Un proceso de consulta inclusivo garantizará que la normativa sea completa, sostenible y aceptada por la mayoría de los actores involucrados.

Yosselyn Rodríguez<

Yosselyn Rodríguez

Abogada de la Universidad Central del Ecuador, finalizando el título de magíster en derecho procesal. Forma parte del bufete de abogados Law Strategy y es asesora legislativa.

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